El Gobierno nacional presentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py por el presunto espionaje ilegal a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a partir de la difusión de audios grabados en una reunión del año pasado en Casa Rosada.
El oficialismo enmarca la difusión de los audios en la semana previa a las elecciones en la provincia de Buenos Aires y la describe como parte de una “maniobra sistematizada de largo plazo”.
Si bien la denuncia señala similitudes con operaciones detectadas por los servicios de inteligencia nacionales, no aporta pruebas concretas de un vínculo entre los acusados y la filtración.
La presentación fue realizada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, y apunta a un abanico de personas y sectores, desde periodistas y dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hasta un presunto grupo de inteligencia ruso.
Pablo Toviggino y el vínculo con la AFA
En el escrito, el Ejecutivo señaló al dirigente Pablo Toviggino, integrante de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y hombre de confianza de Claudio “Chiqui” Tapia. Según la denuncia, Toviggino sería propietario del canal de streaming Carnaval, donde se difundieron los audios, y fue descrito como “opositor declarado del Gobierno nacional y de las ideas de la Libertad que reivindican el Presidente de la Nación y la Secretaría General de la Presidencia”.
Los periodistas mencionados: Rial, Federico y Giménez
El Gobierno también apuntó al periodista Jorge Rial, a quien definió como “operador mediático” que anticipó la existencia de los audios en su programa. En la misma línea, la denuncia menciona a Mauro Federico, conductor del ciclo de Carnaval donde se difundió el material, y a Pablo Giménez, responsable del portal Data Clave. El Ejecutivo recordó además que Milei ya había denunciado por injurias a Rial y Federico en otra causa.
La dupla Bindi-Pagano
Otro de los señalados es el abogado Franco Bindi, pareja de la diputada nacional Marcela Pagano (ex La Libertad Avanza). El Gobierno lo vinculó con “agentes inorgánicos de inteligencia” y sugirió que podría haber actuado como “autor intelectual en algunos tramos de la maniobra y partícipe necesario en otros”, debido a sus relaciones en el ámbito de los servicios y los medios.
La supuesta conexión rusa: “La Compañía”
La denuncia también hace referencia a un grupo al que llama “La Compañía”, integrado supuestamente por ciudadanos rusos y argentinos vinculados a tareas de inteligencia ilegal. En particular menciona a Lev Konstantinovich Andriashvili y a su esposa Irina Iakovenko, a quienes describe como operadores de vínculos con Rusia, receptores de financiamiento y promotores de contactos locales. Según el escrito, ese grupo se dedicaría a difundir contenido en redes, influir en organizaciones civiles y obtener información política sensible.